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Colectivos sociales denuncian los nuevos requisitos para obtener ayudas sociales

 

Colectivos sociales de Bizkaia según Gara denunciaron ayer que el nuevo acuerdo alcanzado entre el PSE y el PP para endurecer los requisitos de acceso a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda «busca expulsar del sistema a los inmigrantes, especialmente los que se encuentran en situación irregular».

En un acto frente a la sede del Gobierno autonómico en Bilbo, diferentes colectivos sociales como Berri Otxoak, SOS Racismo, Argilan o Harresiak Apurtuz denunciaron el nuevo pacto, que eleva de uno a tres años el empadronamiento exigido para acceder a prestaciones sociales, siempre y cuando no se acrediten cinco años de cotización a la Seguridad Social.

A este respecto, los colectivos sociales reunidos en Bilbo denunciaron que «resulta imposible que los inmigrantes en situación irregular puedan acreditar esos cinco años de cotización a la seguridad social, aunque lleven más años trabajando en el País Vasco».

Para ellos, este nuevo pacto «trata de expulsar del sistema a cada vez más gente, porque no se puede exigir un documento que no pueden conseguir como requisito para acceder a las ayudas».

Sin embargo, en opinión de estos colectivos, las personas autóctonas «también se van a ver afectadas, porque si han estado trabajando tiempo en el extranjero, al volver no van a poder acreditar tres años de empadronamiento y quedarán también fuera del sistema».

Asimismo, explicaron que el Gobierno «justifica» este nuevo endurecimiento de requisitos «bajo el pretexto de evitar el fraude, cuando en realidad favorecerá que muchas personas que se queden fuera de las prestaciones traten de acceder a trabajos irregulares, lo que favorecerá la precarización del empleo».

Sobre la imposibilidad de rechazar una oferta de trabajo, los colectivos indicaron que «hay mucha gente con una edad cercana a la jubilación a las que se le ofrecerá un tipo de trabajo que no podrán realizar, lo que les dejará también fuera de las ayudas».

Denuncia sindical

Desde el ámbito sindical, LAB, señaló que «ante una situación de emergencia social como la actual, donde más de 50.000 familias perciben este tipo de ayudas», uno de los objetivos prioritarios de la consejera debería ser «reforzar la protección social. Seguimos sin entender por qué no se toman medidas relativas a acabar con el fraude fiscal, o por qué no se elaboran presupuestos más sociales», subrayó.

Por otra parte, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, consideró «una vergüenza» la modificación de los requisitos y lamentó que «la clase política se entretenga con los pobres, machacándoles», mientras que es «incapaz de enfrentarse a los que han causado el problema» de la crisis.

Mientras, Gemma Zabaleta se reunió ayer con su homóloga navarra, Elena Torres, para explicarle el nuevo modelo de gestión de las ayudas sociales.